La Consejera de Educación, Eva Ledo, y el fiscal superior de Asturias, Gabriel Bernal, han analizado hoy la proliferación en las redes sociales de perfiles anónimos que ridiculizan a alumnado y profesorado, con el fin de identificar posibles conductas delictivas y sus consecuencias penales. Ambos han mostrado su preocupación ante estas prácticas, ya denunciadas por varios centros docentes de la comunidad, por lo que han acordado trabajar conjuntamente para buscar soluciones. “Lo que pretendemos es intensificar la vía de trabajo con la Fiscalía para que pueda atender las solicitudes de intervención que les lleguen desde la consejería”, ha explicado Ledo.
Como procede en otros casos de este tipo, como el acoso escolar, Educación remitirá a la Fiscalía aquellos perfiles que incluyan contenidos alusivos al profesorado o al alumnado y que puedan ser constitutivos de delito, una medida que no excluye la adopción de actuaciones por parte de los propios centros. Por su parte, el ministerio público analizará caso a caso para determinar dónde finaliza la libertad de expresión y comienza el delito.
Gabriel Bernal ha advertido de que “detrás de cada mensaje que se sube a una red social hay personas, en este caso, profesores y alumnos, y derechos que merecen protección. Y, en determinadas circunstancias, también puede haber consecuencias legales”. Para el fiscal, “se trata de establecer dónde está la línea entre la broma y el acoso. El respeto no es opcional. La libertad de expresión no puede confundirse con el derecho a humillar, el entorno digital no es un espacio sin ley ni responsabilidades”.
La consejería también reforzará su labor de asesoramiento a los centros, iniciada tras surgir las primeras denuncias en Asturias, por lo que enviará a los centros un boletín con varias consideraciones y las recomendaciones de la Delegación de Protección de Datos del Principado, que explican la responsabilidad en que incurren esas publicaciones y cómo deben actuar los centros afectados, además de una guía de pautas para uso de las redes sociales en estos equipamientos docentes.
La Consejería de Educación y la Fiscalía continúan así una línea de colaboración que se plasma también este año en el desarrollo de la segunda edición del proyecto educativo Una charla con el fiscal: construyendo un futuro seguro, que busca concienciar a los estudiantes de tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) sobre la responsabilidad penal de los menores de edad.