La nueva Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada hoy por la Junta General del Principado, supone la mayor actualización del sistema asturiano de protección a la infancia en las últimas tres décadas. La norma sustituye a la legislación vigente desde 1995 y adapta el marco autonómico a los cambios sociales y normativos producidos desde entonces. En este sentido, incorpora los avances impulsados por la legislación estatal y los nuevos desafíos relacionados con la salud mental, la violencia contra la infancia y la adolescencia, la igualdad de oportunidades y la protección en el entorno digital.

 

El texto sitúa a las personas menores de edad en el centro de las políticas públicas como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, fortalece las garantías de protección y consolida un modelo basado en la prevención, el buen trato y el interés superior de la infancia. Además, amplía los mecanismos de participación en la vida pública.

 

Entre otras novedades, establece que las personas mayores de 16 años podrán suscribir iniciativas legislativas populares, impulsa la creación de consejos de participación infantil en todos los concejos y obliga a que los proyectos normativos incorporen un informe de impacto sobre la infancia y la adolescencia.

 

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha destacado que la aprobación de la ley representa «un compromiso colectivo con el presente y el futuro de Asturias». «Los niños y niñas de hoy serán también quienes construirán el futuro de Asturias, por lo que debemos garantizarles más derechos, mejor protección frente a cualquier forma de violencia y una participación real en las decisiones que les afectan», ha señalado.

 

La ley impulsa programas de parentalidad positiva, servicios de mediación familiar y actuaciones de apoyo a las familias para detectar de forma temprana situaciones de vulnerabilidad y evitar que desemboquen en escenarios de desprotección más graves.

 

Asimismo, refuerza la coordinación entre los servicios sociales, los sistemas educativo y sanitario, las entidades locales, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las organizaciones sociales, con el fin de mejorar la detección y la respuesta ante cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia. En este ámbito, prevé el desarrollo de protocolos específicos frente al maltrato, el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de género, las autolesiones o el suicidio.

 

Otra de las novedades destacadas de la ley es la incorporación de medidas específicas de protección en el entorno digital. Así, la norma contempla campañas de información y sensibilización dirigidas a menores, familias y profesionales para fomentar un uso seguro y responsable de internet y de las redes sociales.

 

El texto también fortalece el acogimiento familiar como medida preferente de protección cuando resulte compatible con el interés superior de cada menor. Para ello, regula de forma detallada la formación y el acompañamiento de las familias acogedoras, establece apoyos económicos destinados a atender las necesidades de los menores y potencia el acogimiento en el entorno familiar y afectivo más próximo.

 

Igualmente, la norma presta atención específica a jóvenes que abandonan el sistema de protección. Los programas de preparación para la vida independiente y de transición a la vida adulta incluirán actuaciones de formación, apoyo psicológico, orientación laboral, asesoramiento jurídico y acceso a recursos de vivienda, con acompañamiento hasta los 26 años en los casos que así lo requieran.

 

Con esta ley, el Gobierno de Asturias actualiza el marco de protección de la infancia y la adolescencia para dar respuesta a los desafíos actuales y consolidar un sistema basado en los derechos, la prevención, el buen trato y la protección integral de niños, niñas y adolescentes.