El proyecto de Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias del Principado establece un marco común para mejorar la prevención, coordinar los servicios públicos y reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo, con especial atención a los incendios forestales y a la protección de la población. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha valorado hoy estos aspectos de la norma en su intervención en la Junta General.

Calvo ha comparecido en el parlamento asturiano acompañado por los directores generales de Custodia del Territorio e Interior, David Villar, y de Cooperación Local y Seguridad, Olmo Ron, así como del gerente del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa), Jesús Pallarés.

La iniciativa tiene en cuenta las características de Asturias, como la orografía compleja, la dispersión de la población y la exposición a fenómenos adversos como las inundaciones, los deslizamientos y los incendios forestales. La norma aborda la prevención, vigilancia, intervención y recuperación como partes de un mismo sistema, con el objetivo de anticiparse a los riesgos y coordinar actuaciones.

Una de las principales novedades es el refuerzo de la función del Sepa en la atención a las emergencias y en la dirección operativa sobre el terreno. Los artículos 27, 28 y 29 de la norma establecen el marco para coordinar actuaciones y determinar quién dirige los planes e intervenciones en función de las características de cada situación.

La finalidad es que cada servicio tenga claras sus funciones y que los recursos movilizados actúen de forma conjunta, bajo una dirección adaptada a las características de cada situación y respetando las competencias de las distintas administraciones.
El proyecto incorpora expresamente los servicios públicos de prevención y protección del medio natural entre los servicios esenciales de intervención (artículo 35) e integra la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales. También refuerza la colaboración entre los equipos que intervienen, especialmente cuando el fuego amenaza viviendas, pueblos e infraestructuras.

La norma prevé la creación de la Red de Información sobre Protección Civil, gestionada por el Sepa, que reunirá el mapa de riesgos, los catálogos de recursos disponibles y de actividades que generan riesgos, así como el registro de planes de protección civil. El mapa tendrá carácter oficial y deberá incorporarse a la ordenación territorial y urbanística, para que los riesgos se tengan en cuenta al planificar el territorio y decidir dónde y cómo desarrollar determinadas actividades.

La nueva legislación impulsa la autoprotección y la preparación de la ciudadanía mediante programas específicos, ejercicios y simulacros periódicos, también en los centros escolares (artículos 16 y 17). El objetivo es que tanto los servicios como la población estén preparados y sepan cómo actuar ante una emergencia.

Asimismo, consolida el Plan Territorial de Protección Civil del Principado (Platerpa) como instrumento para coordinar los planes locales y establece la obligación de que los municipios de más de 20.000 habitantes dispongan de estrategias municipales de protección civil.

La iniciativa garantiza la universalidad y gratuidad del servicio de llamadas del 112 Asturias, con atención permanente las 24 horas, e incorpora un parte único de emergencias para registrar las actuaciones en tiempo real y mejorar la trazabilidad y el seguimiento de los recursos movilizados.

Reconocimiento del voluntariado y garantías de cumplimiento

Por otro lado, el proyecto reconoce la labor de la red municipal, integrada por más de 700 personas voluntarias de protección civil, y de las asociaciones colaboradoras. Para facilitar su participación en las emergencias, establece requisitos mínimos de formación y regula su dependencia funcional de las autoridades competentes.

La norma refuerza la vigilancia, el control y la inspección del cumplimiento de las obligaciones de protección civil y autoprotección. Entre otras medidas, contempla inspecciones en instalaciones sujetas a planes de autoprotección y en parques de bomberos municipales.

También establece la consideración de agente de la autoridad del personal inspector y del personal funcionario de extinción de incendios del Sepa en el ejercicio de sus funciones, así como el valor probatorio de sus actas. El texto establece un régimen sancionador que diferencia entre infracciones leves, graves y muy graves, incluidas determinadas conductas que ponen en peligro a la población o dificultan la actuación de los servicios de emergencia.

En cuanto a la financiación, regula la contribución especial vinculada a las obras y a la implantación, mejora o ampliación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento. También fija los criterios para calcularla, distribuirla y liquidarla.

Además, concreta las funciones y la organización del Sepa y contempla la colaboración con otras administraciones y entidades. Las disposiciones transitorias buscan garantizar la continuidad de los planes y servicios existentes, mientras determinadas materias se desarrollarán mediante reglamento. 

En definitiva, la iniciativa pretende dotar Asturias de un sistema de protección civil más preparado y coordinado, capaz de proteger a la población, las infraestructuras y el patrimonio natural y cultural, con especial atención a la prevención de los incendios forestales y a los riesgos asociados al cambio climático.